Como se esperaba, el Congreso de los Diputados votó en contra de las principales modificaciones introducidas por el Senado a la ley de crédito inmobiliario.
Otro punto clave de la norma son los requisitos de conocimiento y competencia del personal de los prestamistas e intermediarios. La dimensión de estos requisitos de entrenamiento no quedó clara hasta la publicación del orden ministerial que desarrolló la ley, lo que significa que las entidades forzadas a formar sus redes no podrían, en muchos casos, iniciar procesos de entrenamiento. Una vez publicado en el BOE, esta norma, el 29 de abril, es cuando las entidades conocieron los detalles de la exigencia y tuvieron que iniciar a alta velocidad los procesos de entrenamiento de sus redes, con el filo de lo imposible del término en que el proceso (y, formación y certificación) debe ser completado, que es el 29 de julio. En tres meses, las entidades deben haber certificado a su personal, o será necesario que todas las personas no entrenadas actúen bajo la tutela de otros funcionarios que hayan pasado la certificación en asuntos de hipoteca. Teniendo en cuenta los períodos de vacaciones y, a veces, los procesos de regulación del empleo que algunas entidades están viviendo, el cumplimiento de ese plazo es un claro desafío para el sector.
Por último, quiero destacar el impacto que este reglamento tiene en los intermediarios de crédito. En muchas ocasiones, estos intermediarios son pequeños e incluso propietarios únicos que, como consecuencia de la reglamentación, adaptar sus procesos y actividades a las nuevas exigencias legales, formar su personal y registrarse en los registros competentes, con el consiguiente consumo de recursos, tanto humano como material, y el riesgo de no llegar a tiempo.
En resumen, la norma ya está aquí y establece cambios muy relevantes que están probando la capacidad de adaptación de las entidades que ella afecta. Tendremos que esperar unos meses más para poder evaluar el éxito de la norma y el cambio vivido por el sector.
