Sector inmobiliario

La hora finalmente llegó. Transcurridos más de cinco años desde la aprobación de la Directiva 2014/17 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, y con más de tres años de retraso desde el final del plazo de transposición al sistema jurídico español. , el sábado 16 de junio entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, que regula los contratos de crédito inmobiliario, y sus reglamentos de desarrollo. El nuevo estándar viene con una infinidad de innovaciones en todas las áreas de contratación de hipotecas y con el objetivo loable de crear un régimen jurídico seguro, ágil y eficaz, además de contribuir a mejorar la protección de las personas que desean acceder a la propiedad. a través de la suscripción de un préstamo hipotecario. Sin embargo, ese objetivo loable está siendo perjudicado por las importantes dificultades que están surgiendo en el sector cuando se trata de adaptarse a las nuevas exigencias legales en los términos de corto plazo que ciertas entidades han sido otorgadas para ciertas obligaciones.

¿Amortizar hipoteca… o aprovechar las caídas del precio para invertir?

Para esta duda, que muchos españoles hipotecados se enfrentan cada año, se añaden en esta ocasión dos tendencias opuestas que pueden complicar aún más la decisión. En primer lugar, debe señalarse que el objetivo de este ámbito estándar no sólo abarca los préstamos hipotecarios, como puede inferirse de su nombre, sino también los préstamos no garantizados que se firmar con el fin de adquirir una propiedad, siempre y cuando la transacción se firma para un consumidor. Esta área ha llevado a las instituciones financieras necesitan adaptar sus procesos y productos de préstamo personal a una estructura de protección e información precontractual en nuestra tradición jurídica, era típico de productos hipotecarios, pero no otros productos activos. Este trabajo no fue fácil ni rápido. Por otra parte, la nueva norma establece un nuevo paquete de información precontractual, aún más exhaustivo que el exigido por la reglamentación anterior, que debe proporcionarse a los signatarios del préstamo hipotecario. El reglamento exige ahora la entrega de nuevas tarjetas de información precontractuales, cuyo formato y contenido son diferentes de los anteriormente existentes, y también requiere la entrega de documentación adicional, tales como condiciones de seguro o varios escenarios de tasa de interés. Se puede considerar si la entrega de esta documentación realmente mejorará la protección y la posición legal de los clientes, ya que a veces más información puede no ser información mejor, pero lo que parece claro es que los consumidores tendrán su información. toda la información pertinente para tomar una decisión informada. Otra de las grandes innovaciones de las reglas es el nuevo papel de los notarios, cuya actividad se divide básicamente en dos fases: inicial, deben garantizar que hayan cumplido las reglas de transparencia en la nueva ley (tanto en sustancia y en forma y plazo), aconsejar el cliente para responder a cualquier pregunta que pueda tener y asegurarse de que el prestatario encuentra una prueba de documentación e información que se le ha dado y una segunda vez lo que debe ocurrir en un día diferente en el que el notario concede la escritura pública en el que se documenta el préstamo hipotecario. Después de muchos debates y discusiones, no siempre amistoso, estos primeros días después de la entrada en vigor será la clave para comprender cómo se materializan estas nuevas obligaciones y la reacción de todas las partes interesadas (clientes, agencias, notarios, conservadores de registros, etc.) antes del nuevo sistema definido por la ley.

Sector inmobiliario

Tutorial para no perderse con la futura ley

Como se esperaba, el Congreso de los Diputados votó en contra de las principales modificaciones introducidas por el Senado a la ley de crédito inmobiliario. Otro punto clave de la norma son los requisitos de conocimiento y competencia del personal de los prestamistas e intermediarios. La dimensión de estos requisitos de entrenamiento no quedó clara hasta la publicación del orden ministerial que desarrolló la ley, lo que significa que las entidades forzadas a formar sus redes no podrían, en muchos casos, iniciar procesos de entrenamiento. Una vez publicado en el BOE, esta norma, el 29 de abril, es cuando las entidades conocieron los detalles de la exigencia y tuvieron que iniciar a alta velocidad los procesos de entrenamiento de sus redes, con el filo de lo imposible del término en que el proceso (y, formación y certificación) debe ser completado, que es el 29 de julio. En tres meses, las entidades deben haber certificado a su personal, o será necesario que todas las personas no entrenadas actúen bajo la tutela de otros funcionarios que hayan pasado la certificación en asuntos de hipoteca. Teniendo en cuenta los períodos de vacaciones y, a veces, los procesos de regulación del empleo que algunas entidades están viviendo, el cumplimiento de ese plazo es un claro desafío para el sector. Por último, quiero destacar el impacto que este reglamento tiene en los intermediarios de crédito. En muchas ocasiones, estos intermediarios son pequeños e incluso propietarios únicos que, como consecuencia de la reglamentación, adaptar sus procesos y actividades a las nuevas exigencias legales, formar su personal y registrarse en los registros competentes, con el consiguiente consumo de recursos, tanto humano como material, y el riesgo de no llegar a tiempo. En resumen, la norma ya está aquí y establece cambios muy relevantes que están probando la capacidad de adaptación de las entidades que ella afecta. Tendremos que esperar unos meses más para poder evaluar el éxito de la norma y el cambio vivido por el sector.